FELIPE FERNANDO MATEO BUENO

Abogado y mediador

ABSUELTO POR FALTA DE PRUEBAS

N 119.- Foto 1Lamentablemente, muchas de las denuncias que hoy en día se ponen por «violencia de género» son fruto de, si me lo permiten, un «calentón» o un «te vas a enterar».

Todo se complica aún más cuando, mal aconsejados, muchos hombres se conforman con los hechos con la excusa de que así la pena a imponer va a ser menor. Entonces, en un breve espacio de tiempo, se pasa de denunciado a condenado y ya no hay arreglo.

El problema surge cuando a las denunciantes se les pasa el «enojo» y se dan cuenta de lo que han hecho –ni más ni menos que poner en marcha toda una maquinaria judicial «brutal»– y desean dar marcha atrás… Pero, una vez puesta en marcha toda esta maquinaria, es difícil detenerla.

Si uno es inocente nunca se debe conformar con los hechos y mucho menos con la pena, además no conformándose se ganan dos cosas: tiempo y que se enfríen los ánimos, y cuando se enfrían –si esto sucede antes del juicio– es posible reconducir la situación. Este es el caso la historia que comentamos hoy:

El día 4 de noviembre de 2014 fue juzgado por la Audiencia Provincial de Alicante un hombre acusado de haber violado a su entonces esposa y haberla amenazado posteriormente para que volviera con él; por tales hechos el hombre se enfrentaba a penas que sumaban diez años de cárcel.

N 119.- Foto 2Finalmente ha resultado absuelto. ¿Cuál ha sido la causa de esta absolución? Que la mujer –denunciante– se ha acogido a la exención de la obligación de declarar contra el que en el momento de la denuncia era su marido.

Para el tribunal, «la decisión de la denunciante de acogerse a la exención de la obligación de declarar» ha supuesto «la ausencia de medio probatorio esencial para la acreditación de los hechos que se imputan al acusado».

Esto es algo que no suele gustar a los jueces y mucho menos a los fiscales, pero es una de las pocas soluciones cuando se quiere «dar marcha atrás». Retractarse de los hechos denunciados puede hacer que se acabe imputada por la comisión de un delito de acusación y denuncia falsa, por lo tanto, lo más «aconsejable» es acogerse a la exención de la obligación de declarar.

Más información en:

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2014/11/05/mujer-rechaza-declarar-exmarido-haberla/1563693.html

http://www.diarioinformacion.com/sucesos/2014/11/12/absuelto-agresion-sexual-maltrato-falta/1566636.html

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MUJER JUZGADA POR ESTAFA PROCESAL

FELIPE FERNANDO MATEO BUENO

Abogado y mediador

N 117.- Foto 1Caso curioso el que comentamos hoy: un padre de Alicante se equivocó a la hora de pagar la pensión de alimentos pagando más de lo que debía.

Una vez que se dio cuenta del error, en vez de pedir la devolución de lo pagado en exceso, decidió compensar las cantidades pagadas de «más» con descuentos en las siguientes pensiones de alimentos, lo cual, en mi opinión, es totalmente lógico y razonable.

Sin embargo, la conducta que no me parece lógica y razonable es la de la mujer que, a sabiendas de lo expuesto, cuando su ex marido empezó a pagar mensualidades por importe inferior con la finalidad de compensar los excesos abonados anteriormente, lo denunció por impago de pensiones.

Esta mujer fue juzgada ayer por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante. En este caso no se le juzgapor un delito de acusación y denuncia falsa previsto y penado en el artículo 456 del Código Penal, sino por un delito de estafa procesal previsto y penado en el artículo 250.7.º del mismo cuerpo legal.

N 117.- Foto 2Según el artículo 250.7.º del Código Penal «Se cometa estafa procesal. Incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero», es decir, es una estafa que consiste en engañar al juez, pero con ánimo de lucro, es decir no todo engaño a un Juez constituye estafa procesal.

El Ministerio Público considera que, a pesar de ser consciente de esta situación, la acusada denunció el supuesto impago «ocultando maliciosamente al juez que no existía tal», lo cual constituye un presunto delito de estafa procesal.

Concretamente la Fiscalía de Alicante solicita un año de cárcel para la mujer, por considerar que la denuncia de la mujer se produjo pese a que ya se había acreditado en el Juzgado que el hombre le había pagado «de más» y que en los meses siguientes ese exceso de dinero se compensaría con descuentos en las próximas pensiones a abonar.

Más información en:

http://www.laverdad.es/alicante/201411/09/procesan-mujer-denuncia-falsa-20141109034659-v.html?ns_campaign=WC_MS&ns_source=BT&ns_linkname=Scroll&ns_fee=0&ns_mchannel=EM

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LA UNIÓN EUROPEA OBLIGA A GOOGLE A RETIRAR ENLACES CON INFORMACIONES LESIVAS

La UE obliga a Google a retirar enlaces con información lesiva

El Tribunal de Justicia de la UE insta a los buscadores a suprimir la información relativa a terceras personas que así lo soliciten

Hay 200 casos en España a la espera de este fallo

Una tableta con Google en la página de inicio. / REUTERS

 “Si Google era bueno ahora es perfecto”. El abogado y calígrafo judicial Mario Costeja está satisfecho con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha dictaminado que buscadores de Internet como Google deben retirar los enlaces a informaciones publicadas en el pasado si se comprueba que son lesivas para alguna persona y carecen de relevancia. Costeja ha peleado durante seis años por el derecho a cancelar en Internet datos intrascendentes. Otros 220 casos como el suyo, que enfrentan a Google con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), están pendientes en la Audiencia Nacional. Se trata, por ejemplo, de personas que en su día cometieron una infracción o una falta que quedó recogida en archivos judiciales, publicada en el BOE o un medio de comunicación. Ciudadanos sin relevancia pública que no quieren ver su nombre ligado a esa información eternamente cuando lo teclean en un buscador.

El derecho al olvido no es un intento de reescribir la historia ni de alterar la hemeroteca. Cuando la publicación original es legítima (en un periódico, por ejemplo), no comporta el derecho a borrar esa información del soporte original. Solo se elimina de los resultados de los buscadores para que los datos lesivos no permanezcan eternamente en Internet.

Mario Costeja llevó al Tribunal Europeo el ‘derecho al olvido’ en la Red. / X. LOBATO

Con la sentencia dictada ayer, el Tribunal de Luxemburgo ha resuelto una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional en 2012 sobre la manera de interpretar las normas de protección de datos en Internet. Y ha avalado el llamado derecho al olvido al fallar que “en determinadas condiciones” los buscadores están obligados a eliminar enlaces con información personal.

El alto tribunal precisa que el interesado debe presentar su solicitud “directamente” al buscador (Google, Yahoo, Bing o cualquier otro), que deberá examinar si es fundada. En caso de que el buscador no acceda a retirar la información, el afectado podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales para que estos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenen al buscador la retirada de la información. Es decir, el TJUE abre la puerta a un examen caso por caso de cada una de las reclamaciones presentadas a cualquier buscador.

Google ha calificado de “decepcionante” para buscadores y editores online en general el fallo. “Estamos muy sorprendidos de que difiera tan drásticamente de las conclusiones del abogado general y de las advertencias y las consecuencias que ya identificó. Vamos a dedicar tiempo, desde este momento, para analizar las implicaciones de dicha decisión”, aseguró un portavoz de la compañía.

Las complicaciones técnicas para que un buscador elimine estos enlaces lesivos son, en principio, prácticamente irrelevantes.

El proceso comenzó cuando el abogado Costeja recurrió a la AEPD para que Google retirara una información publicada en el diario La Vanguardia en 1998 con enlaces a una subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas a la Seguridad Social. Pese a que este asunto estaba ya saldado, Costeja seguía apareciendo en el buscador. La AEPD dio la razón a La Vanguardia porque la publicación de los datos tenía una justificación legal. Sin embargo, su posición frente a Google fue diferente. Instó al gigante de California a eliminar los enlaces en los que se hacía referencia a datos personales. Pero Google recurrió ante la Audiencia Nacional. “Era una decisión injusta que ponía en juego la neutralidad y la transparencia del buscador. Entendemos que retirar una información lícita nos obligaría a censurar o filtrar la información. No estamos en contra del derecho al olvido pero no consideramos que tengamos que tomar decisiones sobre lo que aparezca o no en el buscador”, explicaban fuentes cercanas a la multinacional.

“Para mí es una sentencia lógica y tiene coherencia. Además, no es mala para Google porque no le afecta a su negocio”, asegura Costeja, que ha visto reconocida la supresión de datos que no son irrelevantes ni afectan a la honra, la dignidad y la vida privada de las personas. “Ahora los usuarios conocen las reglas del juego”, añade este abogado afincado en A Coruña, al que no le gusta mucho que se hable de derecho al olvido. “Si hay un político que ha metido la mano en la caja y una sentencia que lo condena, eso no se puede borrar”. Por eso prefiere hablar de “supresión de datos” irrelevantes que afecten al honor de las personas. Tras la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, los ciudadanos tienen armas para solicitar a los buscadores que dejen de indexar determinadas informaciones. “El editor principal es el responsable, pero en casos en los que concurran determinadas circunstancias, tendrán que colaborar en la no indexación de contenidos”, explica Joaquín Muñoz, abogado de Costeja, quien deja claro que estas reclamaciones “no se pueden ejercitar por capricho”. “Si existe un conflicto entre el derecho a la libertad de información y la protección de datos, las autoridades tendrán que determinar cuál de ellos prevalece”. A partir de ahora, Google tendrá que poner en marcha mecanismos para atender las solicitudes de los ciudadanos que reclamen eliminar del buscador referencias que le afecten y lesionen sus derechos. “Si no atiende las reclamaciones, los usuarios tienen otra vía: acudir a la AEPD, que estudiará el caso”, explica Muñoz.

La AEPD también aplaude el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo, que tiene la última palabra sobre la interpretación del derecho de la UE. “Clarifica definitivamente el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de los datos personales y pone término a la situación de desprotección de los afectados generada por la negativa de la compañía Google a someterse a la normativa española y europea reguladora de la materia”.

Límites

Qué es. El derecho al olvido permite impedir la difusión de información personal a través de Internet. Incluye el derecho a limitar la difusión indiscriminada de datos personales cuando ya no tiene relevancia ni interés público y pueden lesionar los derechos de las personas, aunque la publicación original sea legítima (boletines oficiales, por ejemplo). Reconoce que se puedan ejercitar los derechos de cancelación y oposición. En el caso de los buscadores de Internet, supone limitar la difusión universal de enlaces cuando esta carezca de justificación y dañe al afectado.

Qué no es. El derecho al olvido no es un derecho absoluto. Cuando entra en colisión con otros derechos, la autoridad reguladora (por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos) pondera cada caso según los criterios de exactitud, relevancia pública y obsolescencia. Adecua los derechos de cancelación y oposición a Internet. No es incompatible con la libertad de expresión ni tampoco con el derecho a recibir información.

En esencia, el tribunal establece que los buscadores realizan un tratamiento de datos de carácter personal. Esta actividad está sometida a las normas de protección de datos de la UE, dado que Google vende espacios publicitarios en un Estado miembro. Además, los ciudadanos podrán solicitar a los buscadores que eliminen referencias que les afecten aunque esa información no haya sido borrada por el editor.

Verónica Alarcón, directora jurídica de ePrivacidad, bufete que tiene varios casos en la Audiencia Nacional relacionados con el derecho al olvido, sostiene que la sentencia ha supuesto un “varapalo” para el gigante de Internet, que “ha visto todas sus pretensiones desestimadas” al reconocer que los ciudadanos “tienen un derecho a dirigirse a Google instándole la retirada de sus datos personales de sus resultados de búsqueda en base a la normativa de protección de datos siempre que existan motivos relativos a la concreta situación personal del afectado”. Considera que la sentencia es un reconocimiento al esfuerzo desempeñado en aras a la protección de la intimidad de las personas que han pleiteado.

Destaca Alarcón que a Google se le aplica la legislación comunitaria y nacional sobre protección de datos, ya que tiene como su representante en España a Google Spain, oficina o filial cuya actividad principal es la venta de espacios publicitarios dirigidos a usuarios españoles. “Hasta ahora, Google mantenía en sus recursos ante la Audiencia Nacional la completa separación de Google Inc y Google Spain”, recuerda.

Pere Simón, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Girona y experto en derecho al olvido, califica la sentencia de “sorprendente” al haber virado “de forma sustancial” respecto a la opinión del abogado general de la UE. “El impacto es muy importante: hay muchos casos pendientes de este fallo y la tendencia en el número de reclamaciones va claramente al alza”, subraya. “Hoy tenemos 200 casos sin resolver, pero dentro de pocos años este número aumentará exponencialmente”. En contra de lo dictado por el tribunal europeo, Simón considera que la responsabilidad no es únicamente del motor de búsqueda, sino que debería ser compartida con el autor de la información original. “Especialmente en el caso de las publicaciones en boletines oficiales”, enfatiza. En su opinión, la sentencia es especialmente importante porque implica la aplicación de la legislación comunitaria para Google y otras multinacionales tecnológicas “en todos los casos”.

El profesor de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta de Catalunya Miquel Peguera, especializado en asuntos sobre responsabilidad en Internet, alerta del posible “riesgo de sobreprotección” en el que podría caer la UE con la sentencia. “Podría hacer más difícil el acceso a la información y, en última instancia, afectar a la libertad de expresión”, concluye. La sentencia de Luxemburgo va en línea con la corriente más avanzada del Parlamento Europeo en materia de protección de datos. El proyecto de normativa aprobado recientemente por la Eurocámara —a expensas del visto bueno de los Gobiernos— reconoce por primera vez el derecho al olvido, pero lo suaviza respecto a la propuesta inicial del Ejecutivo comunitario que, sorprendentemente, se ha posicionado a favor de Google ante el TJUE. En este contexto, es previsible que el fallo tenga influencia sobre la próxima regulación de la protección de datos, una de las grandes asignaturas pendientes tras las elecciones europeas del 25-M.

Al contrario del fallo emitido ayer, el abogado general de la UE, Niilo Jääskinen, dio la razón al buscador, dio la razón en junio del año pasado a Google, al entender que no puede ser considerado «responsable del tratamiento» de los datos contenidos en las páginas web que procesa. La puesta a disposición de una herramienta de localización de información no implica control alguno sobre el contenido incluido en páginas web de terceros, señalaba el abogado general. En cambio, en su sentencia, el tribunal considera al buscador “responsable” de la información que figura en la lista de resultados de una búsqueda. Tampoco hace distinción por el hecho de que la empresa matriz del buscador esté radicada en un país extracomunitario, ya que la publicidad de la que se nutre figura en los resultados de búsquedas de internautas europeos. Deja claro que el derecho a la protección de datos de las personas prevalece, con carácter general, sobre el “mero interés económico” de los buscadores.

Tras el juicio celebrado en la Audiencia Nacional, el tribunal español planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de la UE para saber el ámbito de aplicación de la normativa comunitaria y nacional en materia de protección de datos y si la actividad de Google encaja en el concepto de tratamiento de datos contenido en la directiva. También planteaba si los derechos de supresión y bloqueo de datos incluyen la posibilidad de que el interesado puede dirigirse a los buscadores para impedir la indexación de la información referida a su persona y la competencia de las agencias nacionales de protección de datos, como recuerda el abogado de Costeja.

Nada que ver con el delito

Un ciudadano que hace ocho años fue multado por orinar en la calle vive con ese sambenito desde entonces. Esta sanción es la primera referencia que de este profesor de instituto ofrecía Google cuando sus alumnos buscaban su nombre en Internet. La multa había sido publicada en el Boletín Oficial de la provincia y era imborrable. El afectado solicitó a Google que suprimiera el enlace, pero el buscador se negó invocando la libertad de información. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) amparó la reclamación y ordenó que le hiciera desaparecer de su índice. Hasta hoy.

Unos 220 casos como estos llevan años en la Audiencia Nacional pendientes de la sentencia del Tribunal de la UE. El bufete de abogados ePrivacidad defiende algunos de ellos. Por ejemplo, el de un hombre sin relevancia pública que aparecía con su nombre y apellidos y la entidad en la que trabaja en el contexto de una noticia publicada por un medio de comunicación. Esa persona había comprado un inmueble a otra acusada de un fraude por Hacienda y no tenía nada que ver con ese delito. Los hechos se remontan a 1994, pero el agravio para el afectado vino por la réplica que de la información hicieron otros medios y que la misma fue rastreada por Google. Ahora estos datos podrán ser invisibles en la Red.

Aunque la AEPD no siempre da la razón a los que acuden en su auxilio. A Google recurrió una persona condenada por tráfico de drogas que aparecía en un blog para que el buscador eliminara sus datos personales. Tras la negativa de Google recurrió a la agencia para que tutelara sus derechos, pero este organismo desestimó de plano la petición porque eran hechos de relevancia pública, eran exactos y no habían quedado obsoletos.

Fuente: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/05/12/actualidad/1399921965_465484.html

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Alarma en Interior tras duplicarse en dos años los suicidios en las cárceles Un informe interno del Ministerio del Interior sobre mortalida

Esther Arroyo

Nacional – 09.11.2014

Alarma en Interior tras duplicarse en dos años los suicidios en las cárceles

Un informe interno del Ministerio del Interior sobre mortalidad en Instituciones Penitenciarias revela el incremento de fallecimientos por suicidio entre las personas ingresadas en centros penitenciarios españoles. Entre 2011 y 2013, el número de muertes por esta causa se ha incrementado un 100%.

Interior de un centro penitenciario.

Interior de un centro penitenciario. – Foto FLICKR/THOMAS HAWK

El aumento del número de suicidios en los centros penitenciarios tiene preocupado al Ministerio del Interior. Las alarmas saltaron hace algo más de un año, cuando Instituciones Penitenciarias se vio empujado a elaborar un Programa Marco de Prevención de Suicidios, que entró en vigor el pasado mes de marzo, con el fin de reforzar el antiguo Programa de Prevención de Suicidios (PPS) y realizar un nuevo análisis de las situaciones especiales que pueden llevar a los presos a suicidarse. En 2012 ya se produjo un repunte en el número de muertes por esta causa en las cárceles españolas, que se ha visto superado en 2013, según revela un informe interno de junio de 2014 al que ha tenido acceso Vozpópuli.

El informe epidemiológico sobre mortalidad en Instituciones Penitenciarias recopila datos de los cinco últimos años hasta 2013, año en el que tuvieron lugar 31 muertes cuya causa fue el suicidio (29 en centros penitenciarios y otras dos en las unidades de custodia del hospital de referencia), siendo el ahorcamiento el método utilizado en la inmensa mayoría de los casos. Una cifra que dobla la registrada en 2011, cuando se contabilizaron 15 fallecidos por esta circunstancia.

Según reza el documento, no existe diferencia estadística significativa entre la tasa de incidencia de 2013 (0,53 por mil internos) y la de 2012 (0,41 por mil internos). Sin embargo, y aunque dichas tasas son sensiblemente inferiores a las habituales en la Unión Europea, sí son superiores a las de la población general para estos grupos de edad (en torno a los 40 años). La razón por la que esto es así es que “en la población penitenciaria se concentran muchos de los factores de riesgo que la OMS asocia al suicidio, tales como ruptura de relaciones y aislamiento social, problemas jurídicos, nivel socioeconómico bajo, abuso de alcohol y drogas, trastornos mentales, enfermedades orgánicas graves que acorten la esperanza de vida…”.

El aumento de la tasa de suicidios en las cárceles españolas contrasta con la caída del número de fallecimientos en los últimos años a causa del VIH/SIDA o de una reacción adversa a las drogas, otras de las principales causas de mortalidad entre la población reclusa. De la tasa de 0,26 fallecidos por cada 1.000 internos en 2009 se ha pasado al 0,08 registrado en 2013 en el caso del SIDA (de 17 internos a 5); mientras que al hablar de sobredosis, el ratio de 0,93 correspondiente a 2009 descendió hasta el 0,44 del pasado año, cuando el número de fallecidos por este motivo casi se redujo a la mitad (de 47 en 2009 a 26 en 2013). En total, durante el año 2013 se notificaron al Registro de Fallecimientos en II.PP 162 muertes, con una tasa de mortalidad del 2,77 por mil internos, que permanece estable con respecto al año anterior (2,78).

Más vigilancia y más factores de riesgo

Ante este panorama, en 2013 se creó una comisión de seguimiento y evaluación de los suicidios acontecidos en el ámbito de Instituciones Penitenciarias en los últimos años. Con el nuevo programa se han intensificado la vigilancia de los factores de riesgo así como las posibles situaciones que pueden llegar a desencadenar la conducta suicida desde el mismo momento del ingreso del interno para poder “detectar los riesgos lo antes posible y coordinar la puesta en marcha de una serie de actuaciones multidisciplinares tendentes a evitar la conducta suicida”. Dentro de este plan de detección precoz se incluyen cursos básicos de 20 horas sobre primeros auxilios y psicología a los llamados internos de confianza que acompañan en todo momento a los internos incluidos en el PPS.

Asimismo, Interior elevó de 7 a 12 las denominadas “situaciones especiales de riesgo”.Además de tener en cuenta el impacto psicológico que puede tener en el preso la detención y el encarcelamiento, la pérdida de los lazos familiares y del medio social, la “reducción a un género de vida penitenciario”, el padecer alguna enfermedad mental o el abuso de las drogas, se han incluido en primer lugar las situaciones que tienen que ver con los momentos en las prisiones, como fines de semana en los que hay menos funcionarios trabajando o periodos vacacionales cuando hay menos actividades para los internos. También se tienen en cuenta las condiciones relacionadas con el régimen penitenciario del reo, sus circunstancias personales, y las situaciones asociadas al delito cometido y al impacto mediático del caso, ya que pueden llevar a la estigmatización de los presos -sobre todo violadores y condenados por violencia de género- durante su vida entre rejas y tras la excarcelación.

Aumentan los suicidios mientras disminuyen los reclusos

El pasado mes de marzo, coincidiendo con puesta en marcha del nuevo Programa Marco de Prevención de Suicidios, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, envió a Instituciones Penitenciarias su informe anual en el que alertaba de estos casos en las prisiones. Becerril destacaba que, en el último año con datos registrados, -correspondientes a 2012 en ese momento-, se había producido la misma cifra de suicidios, pero “con la particularidad de que la población penitenciaria ha disminuido”. Los datos de Prisiones así lo demuestran: en septiembre 2011 había 71.603 presos en las cárceles españolas, mientras la cifra se redujo hasta los 67.950 internos en 2013 y los 65.756 contabilizados en el mismo mes de 2014.

Fuente: http://vozpopuli.com/actualidad/52373-alarma-en-interior-tras-duplicarse-en-dos-anos-los-suicidios-en-las-carceles

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CURSO DE GINZONDUZ (APRENDIENDO A SER HOMBRE) PERTENECIENTE A EMAKUNDE (INSTITUTO VASCO DE LA MUJER) CON BOMBEROS INTERINOS DE BIZKAIA

Gizonduz

Logotipo institucional euskadi.net

CURSO DE GIZONDUZ CON BOMBEROS INTERINOS DE BIZKAIA

Publicado por el 11 mayo 2013 en General, Iniciativas institucionales | 0 comentarios

El 14 de mayo comienza, dentro de la formación presencial del programa Gizonduz, el cursos “los hombres , la igualdad y las masculinidades “

El curso , de 20 horas formativas de duración, terminara el día 17 y se celebrará en Bilbao. El alumnado  esta compuesto por hombres que trabajan como bomberos en Bizkaia.

Los contenidos del curso abordan diversos temas que se tratan en la oferta formativa de Gizonduz y son:

  •  El origen de la desigualdad entre mujeres y hombres: cómo se construyen los roles y estereotipos que se asignan a unas y a otros.
  •  Los diferentes modelos de ser hombre y una revisión crítica del modelo de género masculino hegemónico.
  •  Los problemas de género en los hombres y cómo afrontarlos
  •  Masculinidades y prevención del riesgo laboral
  • Los hombres, el amor y las relaciones de igualdad.
  • Las violencias masculinas y la construcción de la identidad masculina.
  • La violencia contra las mujeres.
  •  El papel de los hombres ante la igualdad: la importancia de asumir los cuidados y el trabajo doméstico.
  •  El Movimientos y teorías feministas y el movimiento de hombres por la igualdad.

Se hará hincapié en la parte practica, tanto en lo personal cómo en lo profesional , de los temas se traten en el curso.

http://gizonduz.blog.euskadi.net/blog/curso-de-gizonduz-con-bomberos-interinos-de-bizkaia/

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ASESINA A SU NOVIO Y “PRESA DE UN SHOCK” GUARDA EL CADÁVER EN EL GARAJE

Miércoles, 05 noviembre 2014, actualizado a las 17:15 h.

Canarias7. Canarias a diario en Internet

04/11/2014 Actualizada el 04/11 a las 11:13
«Le quité el arma de la mano y se la clavé por el pecho»

La presunta asesina explicó que tras acabar con la vida de su novio, había «entrado en shock» y, presa del miedo, había decidido bajar el cuerpo al garaje.

La joven gallega acusada de asesinar a su pareja en Arinaga en el verano de 2013 aseguró ante la juez que había sido él quien había sacado el arma e intentado atacarla. «Sabía que yo no iba a salir de allí, le quité el cuchillo y se lo clavé por el pecho», afirmó.

La joven viguesa, de 24 años, alegó ante la magistrada Virginia Peña el 15 de julio de 2013 que en la noche del crimen –ella asegura que no recuerda la fecha; según la fiscal, la noche del 21 o del 22 de junio de 2013– estaba durmiendo y se despertó con su pareja –Jorge B.P., de 43 años– acostado encima, «intentando penetrarme».

Arantxa A.M., formalmente acusada de asesinato desde el pasado viernes –ver CANARIAS7 del sábado– aseguró que en aquel momento él ya le había bajado el pantalón y las bragas y que ella se había sentido acosada, preguntándole a él qué hacía. «En ese momento entramos en una discusión muy grande, él no entraba en razón, y siempre tenía en la habitación un cuchilllo, porque si yo no le complacía sexualmente me amenazaba», aseguró.

La acusada expuso que, en la discusión, Jorge le dijo que a dónde iba a ir sin él, «que era una hija de puta, y comenzó a dar golpes en la pared con la mano y con el puño», declaró. Agregó que tuvo miedo y que se temió que «de allí no iba a salir; lo ví en su cara, en su expresión de ira», recordó.

Arantxa A.B. afirmó que lo único que quería en aquel momento era huir. Indicó que apartó a su novio como pudo –alegó que le olía el aliento a alcohol– y que en el momento en el que escuchó que él iba a por el cuchillo «que tenía entre la cama y la mesilla», se había levantado y él la había agarrado por detrás con el brazo, rodeándole el cuello. «Caímos los dos de la cama, y si hubiera tenido otra cosa le había dado con ella», relató, «le quité el cuchillo de la mano y se lo clavé por el pecho».

La homicida confesa agregó que, tras clavarle el cuchillo a su novio, había salido corriendo de la habitación, escuchando como él la llamaba y como caía al suelo. Dijo que estuvo un rato fuera de la vivienda de la playa de Arinaga, recobrando el aliento, y que al volver él estaba «caído boca arriba en las escaleras». No necesitó tomarle el pulso para saber que estaba muerto, precisó.

http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=354247

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Fiscalía Pide Siete Años de Prisión por Denunciar una Falsa Violación para Vengarse de su Expareja

LA RIOJA.COM

Piden siete años por denunciar una falsa violación para vengarse de su expareja

  • El hombre permaneció doce días en la prisión de Logroño hasta que su antigua novia reconoció que no existió agresión sexual

Las cosas, presuntamente, no funcionaban bien entre la pareja por lo que él, A.O., decidió poner fin a la relación sentimental que mantenía con K.P.H.A., vecina de Calahorra. Eso fue en julio del año 2012, pero ella, visto lo que sucedió después, no acabó de aceptar aquella ruptura que escribirá un nuevo episodio este miércoles en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Logroño. K.P.H.A. estará en el banquillo de los acusados; A.O., como testigo, ya que ha renunciado a emprender unas acciones legales que gestiona el Ministerio Fiscal. Sobre la mesa, una posible condena de siete años de prisión por un delito de denuncia falsa en concurso real con otro de detención ilegal.

Los hechos que se juzgarán sucedieron poco más de dos meses después de que la pareja rompiera su relación. A las 7 de la mañana del 7 de septiembre del 2012 K.P.H.A. acudió al cuartel de la Guardia Civil de Calahorra en donde, dice el fiscal, explicó «de forma mendaz y pormenorizada» que su antiguo novio se había puesto en contacto con ella la madrugada anterior y que después de amenazarle le forzó a tener relaciones sexuales con penetración.

La mujer apuntó a los agentes que la presunta agresión sexual había tenido lugar en el interior de un vehículo en un paraje conocido como La Ermita, perteneciente al término municipal de Quel. Además, en aquel momento presentó un parte médico y un informe sanitario «en el que se constataba, de forma indiciaria, la existencia de lesiones compatibles con el mecanismo referido» por la ahora acusada y entonces presunta víctima.

Ante la gravedad de la denuncia, los agentes de la Guardia Civil establecieron un dispositivo para localizar al presunto violador. Cinco horas después, a las 12 horas, era detenido y puesto a disposición de juzgado de guardia. En sede judicial la supuesta víctima reiteró su versión «narrando con todo detalle los hechos». Para dar más fuerza a su elucubración aseguró que, «aunque bebió [su ex novio], era consciente de sus actos. Se acuerda de todo lo ocurrido». Frente a esa versión, la del detenido, que reconoció que, efectivamente, la madrugada anterior había mantenido relaciones sexuales con K.P.H.A., pero que fueron consentidas. También advirtió al juzgado que creía que le había denunciado porque no quería volver a tener una relación sentimental con ella.

Relaciones consentidas

Un día después de ser detenido, A.O. era trasladado, sin fianza posible, al centro penitenciario de Logroño. Allí estuvo retenido durante 12 días. El 20 de septiembre quedó libre. Y logró salir del centro penitenciario después de que la denunciante «de forma libre y voluntaria» dijera en sede judicial que los hechos denunciados «no habían ocurrido de la forma en la que los había relatado días atrás, sino que las relaciones sexuales que mantuvo fueron consentidas por ambos». Además presentó una carta en la que explicaba pormenorizadamente cómo habían sucedido realmente.

Así, los autos por la presunta violación se sobreseyeron pero la Fiscalía considera que existió un delito de denuncia falsa en concurso real con otro de detención ilegal por lo que solicita 7 años de prisión para K.P.H.A.. La víctima ha renunciado a cualquier indemnización que pudiera corresponderle.

http://www.larioja.com/la-rioja/201410/20/piden-siete-anos-denunciar-20141020003859-v.html

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